Enersis y Chilectra definirán a fines de junio acciones a seguir por platas políticas

Las reuniones de directorio que llevarán a cabo Enersis, Endesa Chile y Chilectra a fines de mes serán clave para determinar el curso que seguirán las auditorías internas encargadas para dilucidar el alcance y magnitud de los aportes realizados a la actividad política, hoy cuestionados.

Si bien Endesa dio a conocer a mediados de semana un plan de acción que establece fuertes restricciones al lobby externo, la problemática todavía no está resuelta en Enersis ni Chilectra.

Según señalan fuentes conocedoras del tema, las firmas tienen procesos propios que están en pleno desarrollo y aún no arrojan definiciones, por lo que sus resultados, así como las medidas que se tomarán, deberán ser presentados a los directorios de las compañías para ser aprobados antes de implementarse.

Esa estrategia sería distinta a la aplicada por Endesa, donde las reuniones sostenidas durante la semana por el Comité de Directores para tratar el tema -a raíz de los cuestionamientos surgidos al papel que habría cumplido el presidente de Enersis, Jorge Rosenblut- habrían gatillado las directrices que se adoptaron por parte de la administración, las que aún deben ser ratificadas por la mesa.

Aparte de anunciar el fin a las asesorías externas, la administración de Endesa puso en revisión todos los contratos con Personas Expuestas Políticamente (PEP), los que en el futuro deberán ser visados por el directorio y además adoptará nuevos procedimientos para "fortalecer" la gestión de los mismos.

El tema cruzó la discusión empresarial y varias compañías han hecho públicas sus políticas (ver recuadro).

Los contratos

En Endesa sostienen que la mayor parte de estos contratos de gestión de intereses ante autoridades y reguladores ya han sido finiquitados, pero que el detalle sobre las personas y empresas con las que mantenían estos vínculos son materia reservada y parte de los antecedentes recabados en sus informes por la unidad de auditoría, que no reporta a la administración de la compañía, sino que al directorio.

El mapeo de las platas políticas -y a quienes se habrían destinado- ya estaría claro, mientras que en los casos de Chilectra y Enersis aún se estaría trabajando. La revisión encargada en marzo, y de la cual derivaron las medidas tomadas por Endesa, habría comprobado aportes irregulares a Giorgio Martelli, recaudador de la campaña de Bachelet en 2013, y a Pedro Yaconi, quien cumplió la misma función durante la candidatura de Frei.

En todo caso, la auditoría encargada al estudio Cariola, Díez Pérez Cotapos, que tiene por finalidad analizar posibles caminos legales a seguir en contra de todos los que resulten responsables de las presuntas irregularidades, así como también los alcances legales y regulatorios del temas, tanto a nivel de la SEC como del regulador del mercado financiero chileno, sólo será conocida por el directorio el 30 de junio próximo.

Preparados para el SII

En abril, Endesa reconoció que había realizado aportes por US$ 1 millón para la campaña política de 2013, mientras que Enersis indicó que estos alcanzaban a US$ 2,5 millones.

Hasta el momento, Chilectra no ha revelado datos al respecto.

En la compañía señalan que, si bien el Servicio de Impuestos Internos (SII) no ha solicitado información respecto de los montos cuestionados, la firma está dispuesta a entregarlos.

Empresas definen política para enfrentar lobby
La regulación del lobby y la gestión de intereses se tomaron la agenda. Con distintos matices, altos ejecutivos y directivos, como los gerentes generales de Colbún, Thomas Keller, y de CAP, Fernando Reitich, así como el presidente del grupo Ultramar, Richard Von Appen, explicitaron como tratan el tema en sus respectivas firmas. Keller aseguró que las políticas para administrar los conflictos de interés son claras. La firma ligada al grupo Matte no contaría con asesores externos dedicados a la gestión de intereses. Por su parte, Reitich sostuvo que la firma no necesitaba una auditoría de lobby, mientras que Von Appen indicó que la situación actual amerita una revisión de la relación entre política y empresa.